Pocas horas después de dar a luz a su primer hijo y que su casa fuera allanada por detectives de la PDI, la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, aseguró que está dispuesta a colaborar con la justicia y que todavía no forma parte de ningún proceso judicial.
La declaración de la parlamentaria surge después de que se filtrara un informe de la policía civil, que muestra una serie de conversaciones entre ella y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sobre la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella.
Según el documento de la PDI, dichos intercambios muestran la influencia de Cariola detrás de la elección del recinto de salud; mismo que fue rechazado por la Contraloría luego que la casa edilicia lo tazara por un monto cuatro veces superior de su verdadero avalúo fiscal.
Bajo todo este contexto, la parlamentaria del Partido Comunista, por medio de un comunicado, señaló que “desconoce mayores detalles de la investigación que se está llevando a cabo y las razones que supuestamente la involucran, debido a que todavía no ha sido formalizada”.
Comunicado Público, diputada Karol Cariola Oliva. pic.twitter.com/DGwBIYBfuC
— Prensa Karol Cariola (@Prensa_Karol) March 3, 2025
En reacciones desde el Congreso, el diputado de la misma colectividad, Luis Cuello, calificó el actuar de la fiscalía como actos "odiosos" y "dirigidos" por realizar estas diligencias el mismo día que Cariola tuvo a su primer hijo.
La diligencia practicada por la Fiscalía en el domicilio de la diputada @KarolCariola el día del nacimiento de su hijo constituye un escándalo. Los supuestos "antecedentes" filtrados por la Fiscalía revelan un acto odioso y dirigido.
— Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) March 3, 2025
En esa misma línea, el diputado por la bancada Demócratas, Miguel Ángel Calisto, llamó a esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios, "porque una persona es responsable de un hecho cuando existe una sentencia".
De acuerdo con varias fuentes, actualmente la fiscalía regional de Coquimbo indaga a la presidenta de la Cámara Baja en calidad de imputada por el presunto delito de tráfico de influencias. Hasta el momento, se incautó un notebook y teléfono celular.