La controversia por la entrega de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abrió un flanco de cuestionamientos. Ante esta situación, el Ejecutivo admitió que existió una falla estatal que benefició a dichos reclusos, descartando al mismo tiempo que la salida de autoridades solucione el problema normativo que posibilitó los decretos.
Pese a las presiones políticas surgidas en torno al manejo del caso, el presidente José Antomio Kast confirmó la permanencia del titular de Justicia, asignándole el mandato de encabezar las revisiones administrativas:
"El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo
Junto con ratificar la continuidad del secretario de Estado y congelar la tramitación de nuevos beneficios, el mandatario formalizó una serie de medidas legislativas orientadas a impedir futuras reducciones carcelarias:
"Recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena"
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado urgente al Congreso para despachar estos proyectos en el plazo más breve posible. Con este paquete de medidas y la ratificación del gabinete, la administración busca cerrar de forma definitiva los vacíos legales históricos y restablecer la protección efectiva de la infancia como una prioridad de Estado.