- INDH en su calidad de querellante en la causa que investiga la muerte de un conscripto del Ejército en Putre y las vulneraciones a otros jóvenes, pidió que este caso siga en la justicia ordinaria.
- En la audiencia realizada este martes 14, el INDH aludió a los acuerdos internacionales de los que Chile es parte y los fallos de la Corte IDH, que llaman a limitar el alcance de la justicia militar.
- El magistrado Juan Araya Contreras acogió este razonamiento y además remitió el caso a la Corte Suprema, para que emita un fallo definitivo de modo de refrendar su decisión.
- La directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló luego del fallo del magistrado que “hoy día ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país. Vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca la verdad”.
El Juzgado de Garantía de Arica resolvió que el “Caso Conscriptos” siga en la justicia civil, como pidió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Así lo decidió el juez Juan Araya Contreras en la audiencia de este martes 14, rechazando la solicitud de inhibirse formulada por la ministra en visita Jenny Book, que solicitaba el caso para la justicia militar. Será la Corte Suprema la que resuelva quién sigue esta causa, que indaga la muerte de un conscripto y las vulneraciones a otros jóvenes en una brigada del Ejército en Putre.
Argumentos del INDH
La audiencia en el Juzgado de Garantía de Arica se debió a las peticiones de varios de los intervinientes en la causa. La INDH interpuso una querella por apremios ilegítimos y pidió expresamente al juzgado que la investigación se condujera en los tribunales civiles, aludiendo entre varios argumentos a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde se condenó al Estado de Chile a limitar el alcance de la justicia militar. En tanto, la ministra en visita Jenny Book pidió lo contrario.
Fue la mañana de este martes 14 que el magistrado Juan Araya Contreras se inclinó por la justicia civil luego de oír los argumentos de los intervinientes. Además del INDH, defendieron mantener la causa en la justicia civil el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, y el abogado Sebastián Andrade, que representa a la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido durante la instrucción militar en la Brigada Huamachuco de Putre. Al resolver, el magistrado remitió los antecedentes a la Corte Suprema para que refrende su decisión.
Alegatos
En representación del INDH alegó el abogado de la Unidad de Protección de Derechos Ignacio González, quien recordó los fallos de la Corte IDH sobre la necesidad de limitar el alcance de la justicia militar.
Justamente, recogiendo estos argumentos del INDH, el juez Araya Contreras hizo alusión al caso Palamara Iribarne, el que sentenció al Estado de Chile a fin de limitar el alcance de la justicia militar. Recordó que se obligó a adecuar su jurisdicción interna a estándares internacionales. Al respecto, leyó ante los intervinientes este párrafo: “En caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”.
Enseguida, subrayó el término “considerar necesaria”, insistiendo en que hay países que avanzaron mucho más en cuanto a justicia militar. “Aparentemente Chile no como se quisiera. Si alguna jurisdicción hay, que tenga que ver con la disciplina. En ninguna circunstancia que un civil se vea sometido a ella”, dijo.
Fallos de Corte Suprema
Junto con recordar la aspiración del Estado de Chile en virtud de compromisos internacionales, para adecuar su derecho interno, recordó lo resuelto hace poco por la Corte Suprema. “La Corte lo ha resuelto. De ahí el carácter excepcional (de la justicia militar)”, señaló y destacó que ésta no puede incluir hechos que afecten a bienes jurídicos distintos de los castrenses. Aludió a dos fallos recientes pronunciados en tal sentido. “Se trata de un compromiso de la Corte Suprema con la Corte IDH”, dijo.
Además, recordó que una de las víctimas es la madre de Franco Vargas. “Ella no es militar, es una persona civil. Si queremos proteger a las víctimas y dar cuidado a sus garantías, el Ministerio Público tiene una capacidad instalada. Eso no existe en la justicia militar. No está hecha para eso”, razonó el juez. Y en cuanto a los eventuales imputados, el magistrado aludió a razonamientos del actual ministro de Justicia, Luis Cordero. “Desde la mirada del imputado, la jurisdicción militar es del sistema antiguo. Sus garantías van a estar a mucho mejor resguardo en la jurisdicción civil”, dijo el juez.
Directora del INDH valora decisión
Una vez conocida la decisión, la directora del INDH, Consuelo Contreras, dijo que “estamos muy conformes con la resolución del tribunal. Hoy día ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país. Cuando la gente pregunta ‘¿los uniformados tienen derechos humanos?’, la respuesta es sí. Este es el mejor ejemplo. Estos jóvenes vieron gravemente vulnerados sus DD.HH. por una autoridad que cometió delitos contra ellos. Vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición”, señaló.
Además, Contreras destacó que “es importante que se acogiera la doctrina de derechos humanos, los fallos tanto de la Corte Suprema como la Corte IDH. Ya hay sentencias condenatorias contra el Estado de Chile en materias como ésta y tenemos que avanzar en ese sentido. No queremos más condenas al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos”.
“Tal vez la situación más grave es la muerte de Franco (Vargas)”, insistió la directora, “pero hay un conjunto de jóvenes haciendo el servicio militar, es decir, bajo el cuidado del Estado en un proceso de formación. Con ellos se cometieron delitos de apremios ilegítimos y no sabemos qué otros. Nosotros queremos conocer toda la verdad en esta materia”, indicó.
Abogado del INDH
En tanto, el abogado del INDH Ignacio González, indicó que “la resolución reconoce las sanciones que se le aplicaron al Estado de Chile. Reconoce la jurisprudencia interamericana. De manera que es un avance importantísimo en materia de derechos humanos y esperamos que la Corte Suprema, como lo hizo antes, mantenga la línea de defensa de los derechos fundamentales y de protección de éstos, para así poder garantizar la justicia en estos hechos”.