El diputado electo y primer gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, llamó a trasladar el sistema de identificación biométrica ABIS al principal foco migratorio del norte, en la Línea de la Concordia, para pasar de un control básicamente militar a uno basado en información precisa sobre quién entra y quién sale de Chile.
Recordó que desde 2023 el gobierno de Gabriel Boric mantiene a las Fuerzas Armadas en la frontera a través de la ley de infraestructura crítica, con despliegues renovados cada 90 días y facultades para controles de identidad, revisión de equipaje e incluso disparos de advertencia. Sin embargo, Díaz advirtió que “no se está ocupando a fondo la tecnología disponible para saber con certeza quiénes cruzan la frontera”.
El ex gobernador detalló que el sistema ABIS, financiado con recursos del Gobierno Regional durante su administración, ya opera en Arica. Se trata de un dispositivo portátil que registra huellas, rostro y voz, conectado a bases de datos nacionales e internacionales para verificar identidades y antecedentes penales. A la fecha, en la región se ha enrolado biométricamente a más de 11.000 personas, en lo que Díaz describe como una experiencia única en Sudamérica.
Por eso considera “incomprensible” que el sistema no esté instalado en la Línea de la Concordia, donde autoridades peruanas impiden que cientos de personas lleguen al control migratorio chileno en Santa Rosa. Propuso que la PDI se aposte en ese punto con equipos ABIS para enrolar a quienes ingresaron de forma irregular y detectar si alguno mantiene condenas pendientes con la justicia chilena.
Díaz sostuvo que el uso de ABIS también debiera ser obligatorio en las salidas de migrantes que se autodenuncian ante el Servicio Nacional de Migraciones para obtener un permiso provisorio, pagar la multa y abandonar el país con prohibición de reingreso. “Es la única manera de entender quiénes estuvieron en Chile y quiénes realmente se fueron”, afirmó.
El diputado electo propone complementar el despliegue militar con una unidad móvil del Servicio Nacional de Migraciones y una caja para el pago de multas en la propia frontera, de modo que las personas puedan regularizar su salida en el mismo lugar donde hoy se producen aglomeraciones. A su juicio, informar que todos serán enrolados biométricamente generaría además un efecto disuasivo.
En el plano legislativo, Díaz cuestionó que la ley de infraestructura crítica se haya renovado cerca de 21 veces sin avanzar en una solución permanente. Recordó que existen tres proyectos de reforma constitucional —dos de 2022 y 2023, y uno ingresado por el Presidente el 26 de octubre de este año— que buscan entregar a las Fuerzas Armadas un rol estable en el resguardo de fronteras, aunque solo las iniciativas parlamentarias contemplan una policía de fronteras. Ninguno tiene urgencia y todos siguen en primer trámite, lo que atribuye a falta de voluntad política, subrayando que ningún diputado en ejercicio por Arica y Parinacota los patrocinó.
Díaz anunció que, al asumir el 11 de marzo en representación de la región de Arica y Parinacota, solicitará integrar la Comisión de Constitución para reactivar estas reformas y dotar a la macrozona norte de una política de Estado clara.
Finalmente, criticó la pasividad de Cancillería frente a Perú, al que acusa de incumplir el control integrado al impedir el acceso de personas a la ventanilla chilena en Santa Rosa y de instalar militares a menos de 100 metros de la frontera, en aparente contradicción con el Tratado de 1929. Llamó al gobierno a exigir el respeto de los acuerdos o revisar su continuidad, y reiteró que el camino debe ser combinar tecnología biométrica como ABIS, instituciones fuertes y cumplimiento de los tratados, en lugar de decretos de emergencia.